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Innovación empresarial debe ser prioridad

16.04.2012

El organismo industrial advierte que México presenta un importante rezago en materia de inversión para el desarrollo de ciencia y tecnología

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró necesario establecer la innovación empresarial como una prioridad estratégica en la agenda económica nacional.

El organismo industrial refiere que México presenta un importante rezago en materia de inversión para el desarrollo de ciencia y tecnología, a pesar de los recientes avances en este rubro.

"En el sector industrial, la innovación es un habilitador de la productividad, que a su vez impulsa la competitividad e incrementa el bienestar social de los mexicanos", subraya.

La innovación, expuso en un comunicado, no se basa en el origen del conocimiento, sino en la capacidad para llevarlo a la práctica y resolver problemas, y países exitosos en estos temas han desarrollado sistemas que permiten convertir la investigación y la capacidad académica en fortalezas para la industria.

En México se tiene una oportunidad para orientar la infraestructura de investigación y desarrollo con la que se cuenta hacia un sistema de innovación interconectado con las necesidades de la industria.

Por ello, considera que el incremento de inversión para el desarrollo de ciencia y tecnología debe promoverse a través de un esquema.

Este debe incluir la vinculación entre los sectores académico e industrial para impulsar programas de formación de capital humano e iniciativas de innovación, que permitan mejorar la competitividad.

Asimismo, una mejora en los esquemas de apoyo a la investigación y su vínculo con las necesidades productivas del país, así como el desarrollo de un sistema nacional de innovadores.

La Concamin señala que el tema de innovación es una prioridad en la agenda nacional, por lo que el organismo trabajará con los diferentes sectores involucrados en el desarrollo de una política pública.

El propósito es que esta política permita alcanzar no sólo la asignación del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto en la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como lo establece la ley, sino en el uso eficiente y productivo de estos recursos en favor de la industria y del país.